Según ha informado José Otto Oyarbide, la previsión es que dichos talleres se derriben en 2017 y que las viviendas estén disponibles “lo antes posible”.

El concejal de Urbanismo, José Otto Oyarbide, ha informado de la finalización del proceso de expropiación de las viviendas situadas junto a los talleres municipales de Campuzano que va a permitir la liberalización del suelo necesario para la construcción de viviendas sociales en régimen de alquiler social en una parcela de 5.000 metros cuadrados en la que se incluyen los actuales talleres municipales.

Según ha explicado, el pasado 17 de diciembre el Jurado Provincial de Expropiación resolvió de “forma satisfactoria” para el Ayuntamiento la expropiación de las dos viviendas (una en estado de ruina y la otra de semi-ruina) que aún quedaban pendientes. Una “buena noticia”, ha afirmado, que pone fin a un proceso de expropiación que el actual equipo de gobierno PSOE-PRC comenzó hace 19 meses y que supondrá “dar solución a una demanda histórica” de Campuzano y, a la vez, “un avance contundente” en facilitar un acceso a la vivienda a los jóvenes y a personas con menos recursos.

Respecto a las gestiones de las expropiaciones, José Otto Oyarbide ha señalado que hubo acuerdo con los propietarios de dos construcciones y unos pequeños almacenes que fueron adquiridos y demolidos el año pasado; y ha explicado que en el caso de estas dos viviendas el problema ha sido la dificultad de localizar a todos los herederos de los antiguos propietarios, en ambos caso familias muy extensas. En cuanto al coste total que ha tenido para el Ayuntamiento dichas expropiaciones ha dicho que ha sido de casi 209.000 euros.

TRASLADO TALLERES MUNICIPALES Y VIVIENDAS SOCIALES

Durante su encuentro con los medios de comunicación, el concejal de Urbanismo ha subrayado la importancia de la conclusión de este proceso de expropiación que va a permitir, una vez que se trasladen los talleres municipales al polígono industrial Tanos-Viérnoles, la construcción de alrededor de una veintena de viviendas sociales en régimen de alquiler por parte del Gobierno de Cantabria, a través de Gesvican.

En estos momentos, ha dicho, existe el “compromiso” del Gobierno de Cantabria de redactar el proyecto en este año.

Del traslado de los talleres ha confirmado que se espera que el derribo del actual edificio que los alberga se produzca en 2017, mientras tanto, ha avanzado, se espera sacar a licitación en los próximos meses los nuevos talleres que se ubicarán en el polígono Tanos-Viérnoles en cinco parcelas y que contarán con edificios de dos plantas para albergar los diferentes servicios municipales, oficinas, un almacén grande, y un aparcamiento. El presupuesto rondará el millón de euros, y el plazo de ejecución será de 10 meses.

REUNIÓN REVISIÓN DEL PGOU

 Por último, José Otto Oyarbide ha dado cuenta del traslado al próximo lunes, 18 de enero, a las 12 horas, de la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Revisión del PGOU prevista para mañana miércoles por motivos de “agenda” del equipo de redactor. Una reunión, ha recordado, en la que se hará entrega a la Corporación del documento segundo de aprobación inicial que se remitirá a los diferentes órganos sectoriales de los que necesitamos informe previo a la Aprobación Inicial por parte del Pleno de la Corporación.

Además, el concejal Jose Otto Oyarbide ha trasladado al Director General de Vivienda la necesidad de que Cantabria firme un convenio con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), que cuenta con 105 viviendas vacías en Torrelavega.

En la reunión mantenida en la sede de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria en la mañana de hoy, viernes, entre el Director General de Vivienda y Arquitectura, Francisco Gómez Blanco, y el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Torrelavega, Jose Otto Oyarbide, se ha llegado a varios acuerdos favorables para el municipio de la comarca del Besaya.

Por un lado, Gómez Blanco se ha comprometido con Oyarbide a que su departamento y la entidad pública Gesvican redactarán el proyecto y ejecutarán la obra de construcción de viviendas sociales en el solar de Campuzano donde actualmente se ubican los antiguos Talleres Municipales. Este solar, de 5000 metros cuadrados, fue objeto de una modificación puntual del PGOU en agosto de 2008 para destinarlo a viviendas sociales, y desde enero de 2014, liberarlo para poder desarrollar este proyecto es uno de los objetivos prioritarios del equipo de gobierno PSOE-PRC y de la concejalía de Urbanismo y Vivienda.

“El Director General de Vivienda, conocedor de la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda a los perfiles sociales más necesitados, y de la nula oferta de vivienda pública en Torrelavega, se ha comprometido a sacar adelante este proyecto en el que llevamos trabajando varios meses. Se ha comprometido con Torrelavega.”, ha manifestado Jose Otto Oyarbide.

El edil ha recordado que se continúa trabajando en las dos expropiaciones pendientes, tras haberse llegado a acuerdos en otros dos casos, y haberse derribado ya unos pequeños almacenes allí existentes. El objetivo es ponerlo a disposición del Gobierno de Cantabria a finales de 2016 para que puedan ejecutar la obra de construcción de, aproximadamente, una veintena de viviendas en régimen de alquiler social asequible.

Otros de los varios temas dialogados han sido referidos a la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de algunos barrios de la ciudad, cuestión pendiente de definir, o la simplificación de la tramitación de ayudas por parte de la Consejería, tanto de alquileres como de rehabilitaciones.

Convenio del Gobierno de Cantabria con la SAREB

Una de las grandes demandas del Ayuntamiento de Torrelavega, desatendida por completo en la legislatura pasada por parte del Partido Popular de Ignacio Diego y Francisco Rodríguez Argüeso, es la firma de un convenio entre el Gobierno de Cantabria y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), que ponga en el mercado regional viviendas en régimen de alquiler social a precios asequibles, tal y como esta sucediendo en otras Comunidades como Cataluña, Galicia, Canarias, País Vasco o Aragón, que ya han firmado acuerdos con la SAREB.

“Torrelavega cuenta con 105 viviendas vacías propiedad de la SAREB, 78 en la urbanización de Ganzo, de la que también hemos hablado largo y tendido. Le he trasladado al Director General de Vivienda la necesidad de que esas viviendas ‘rescatadas’ de los bancos sirvan ahora para ‘rescatar’ a las familias. Es una demanda por la que hemos estado trabajando y en la que también trabajan las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, con quienes coincidimos plenamente en esta reivindicación”, finalizó Oyarbide.

Otto Oyarbide, apoya las reivindicaciones de la PAH, exige que se renueve la calificación VPO de esta urbanización y acusa al PP de no haber hecho nada al respecto

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Torrelavega, Jose Otto Oyarbide, ha expresado su ‘apoyo total’ a las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH, de Torrelavega, que se ha concentrado frente a la urbanización, existente en Ganzo, de 78 viviendas propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SAREB.

Oyarbide ha dicho que comparte la reivindicación de la PAH respecto al necesario mantenimiento de esos dos edificios, así como la exigencia de adoptar las medidas oportunas para que no se produzca la caducidad de la calificación como Viviendas de Protección Oficial, VPO, cuya renovación ‘corresponde al Gobierno Cantabria que es quien tiene la papeleta de solucionar el problema de estas viviendas’.

Según ha recordado el concejal, desde hace tres años las citadas viviendas tienen unas deficiencias, salvables, en la urbanización y acabados, hechos de los que el anterior equipo de gobierno municipal, con Ildefonso Calderón a la cabeza, ‘ni se preocupó ni realizó movimiento alguno para salvaguardar estas 78 viviendas con sus respectivos garajes’.

El responsable municipal de Vivienda y Urbanismo, ha reiterado la exigencia del equipo de gobierno para que ‘e subsanen las deficiencias en la urbanización, de forma que las viviendas se pongan en el mercado. ‘Nuestro máximo objetivo, ha dicho, es que se gestiones un convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la SAREB’ para la cesión temporal en alquiler social de estas viviendas. Según Oyarbide, dicha cesión se realizaría por un periodo de cuatro años y en ese plazo se daría alojamiento a 78 familias necesitadas, con unos alquileres de precio moderado.

Las 78 viviendas en cuestión, antes de pasar a la SAREB pertenecieron a Liberbank, su construcción fue realizada en mayo 2011, y durante los 30 meses posteriores, ‘el gobierno municipal de Ildefonso Calderón, con González Berjano al frente del área de Urbanismo, no hizo nada por solucionar sus problemas, hasta que actual equipo PSOE-PRC ha presionado con la licencia de primera ocupación y la reivindicación pública de destinar estas viviendas al mercadio de alquiler social’.

La propia SAREB, según ha recordado el concejal, consciente de las reivindicaciones planteadas desde el Ayuntamiento de Torrelavega por el actual equipo de Gobierno, con la alcadesa a la cabeza, desplazó varios técnicos a Torreavega y mostró a la alcaldesa y el concejal de Urbanismo su predisposición a colaborar para desbloquear el problema, así como el peligro de la caducidad de la calificación VPO, cuya renovación depende del Gobierno de Cantabria, expresando que la renovación estaba ‘en vías de solución’. Ante la falta de noticias al respecto, por parte del Gobierno Autonómico, Oyarbide insiste en reclamar ‘una inmediata solución al problema con estas viviendas’.

Finalmente el concejal destaca que ‘ha sido fruto de nuestra presión e interés’, el poner sobre la mesa la disposición temporal de estas viviendas, mientras que ‘por el contrario el PP solo ha mostrado dejadez y abandono’. Según Oyarbide, la gestión del actual equipo de gobierno es la que ‘ha permitido diagnosticar el problema, avanzar y aportar visos de solución al mismo. Seguiremos reivindicando un convenio al estilo de los ya realizados por la SAREB con los gobiernos autonómicos de Cataluña y Aragón que realizaron este tipo de convenio a cuatro años, y algo similar es lo que reclamamos, porque Torrelavega lo necesita’.